El Gobierno ha aprobado una nueva norma que regula la identificación personal en España, tanto en formato físico como digital. El Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, ha sustituido al anterior Real Decreto 1553/2005, adaptando el sistema de expedición del DNI a la normativa europea y a los avances tecnológicos más recientes.

Un nuevo modelo de identidad personal

Con esta reforma, se ha introducido el DNI digital para dispositivos móviles, que tendrá la misma validez legal que el documento físico. Esta medida responde a la necesidad de facilitar a los ciudadanos una forma más ágil y segura de identificarse ante administraciones públicas y entidades privadas.

Cumplimiento del Reglamento Europeo 2019/1157

El nuevo texto legal adapta la normativa española al Reglamento (UE) 2019/1157, relativo al refuerzo de la seguridad en los documentos de identidad de los ciudadanos europeos. El documento incorpora nuevos elementos técnicos de seguridad, entre los que se incluyen:

• Imagen facial digitalizada

• Impresiones dactilares

• Firma electrónica avanzada

• Certificados electrónicos cualificados, con una validez de dos años

Estos estándares buscan garantizar una identificación electrónica fiable, segura y compatible en todo el territorio de la Unión Europea.

Obligaciones para los ciudadanos y garantías en protección de datos

El Real Decreto mantiene la obligatoriedad del DNI desde los 14 años, e introduce procedimientos especiales para menores y personas en circunstancias excepcionales. La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, se mantiene como órgano responsable de su gestión integral.

Asimismo, se han reforzado las garantías en materia de protección de datos personales, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), asegurando la confidencialidad y el tratamiento adecuado de los datos biométricos y digitales del documento.

Renovaciones, duplicados y lucha contra la falsificación

La nueva norma regula también las condiciones de validez del documento en función de la edad, así como los procedimientos de renovación, sustitución y duplicado en casos de pérdida, robo o deterioro. Además, se han introducido características técnicas obligatorias dirigidas a prevenir la falsificación y a aumentar la seguridad del documento.

Adaptación progresiva del sector público y privado

El Real Decreto contempla disposiciones adicionales y transitorias que permitirán una adaptación progresiva a la nueva versión digital. Se ha concedido un plazo de doce meses para que el conjunto del sector público y privado esté en condiciones de reconocer y operar con el DNI digital en dispositivos móviles.